Los legisladores provinciales aprobaron el proyecto de ley de caminos rurales. Establece el Sistema de Gestión Integral de Caminos Rurales No Pavimentados, que reemplaza a la histórica Ley N° 6.233 y marca un cambio de paradigma en la manera de concebir, conservar y mejorar la red vial rural.
La iniciativa fue impulsada por el Ejecutivo provincial, a pedido de los Consorcios Camineros y entidades agropecuarias.
El texto de la norma reconoce el rol estratégico de los caminos rurales para el desarrollo agropecuario, industrial, turístico y social, y propone un esquema de articulación público-privada. Entre sus objetivos figuran la conservación y mejora de la red vial, el diseño de planes estratégicos de gestión de recursos y la promoción de inversiones.
La nueva ley define al Ministerio de Bioagroindustria como autoridad de aplicación, mientras que integran el sistema la Asociación de Consorcios Camineros, los Consorcios Regionales, los Consorcios Camineros, los Consorcios de Gestión de Caminos y Suelos, y el Consorcio Caminero Único. El financiamiento se canalizará a través del Fondo de Desarrollo Agropecuario (FDA), que recibe el 98% de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural, además de aportes, subsidios, donaciones y multas por daños en los caminos.
El ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, resaltó el carácter participativo del proceso: “Trabajamos más de un año en este proyecto de reforma con la Mesa de Enlace, los consorcios, los legisladores del oficialismo y la oposición y técnicos. Generamos una propuesta consensuada, porque los consorcios trascienden a cualquier gobierno. Lo más importante es tener buenos caminos y una política pública construida con diálogo, respeto y visión de futuro”.
Con la aprobación de la nueva ley, Córdoba consolida un esquema innovador de gestión vial rural, que se aplicará bajo el modelo ya desarrollado por el Consorcio Caminero Único y el Fondo de Desarrollo Agropecuario.