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Dos nuevas ordenanzas regulan los espectáculos públicos y los finales de obra edilicios en la ciudad

Este jueves 18 de diciembre se llevó a cabo una nueva sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Villa María, en la que se aprobaron distintos proyectos enviados por el Departamento Ejecutivo Municipal.

Fue tras un hecho inédito ocurrido durante el desarrollo de la audiencia pública previa convocada para el tratamiento del presupuesto 2026 del Ente de Movilidad Urbana (ENDEMUR). Cuando el excandidato a intendente, Alejandro López, haciendo uso de la palabra abandonó el espacio asignado para los oradores y descendió hasta el estrado de la presidencia, con la intención de interrumpir el normal desarrollo de la sesión, exigiendo que se apagara el micrófono y recurriendo a actitudes de amenaza y amedrentamiento hacia el presidente del cuerpo, Juan Pablo Inglese.

Dos nuevas ordenanzas

Entre los principales temas tratados, se dio aprobación a la Regulación Integral de Espectáculos Públicos y Actividades de Esparcimiento, una normativa que establece un marco ordenado para el desarrollo de eventos y actividades recreativas en la ciudad, contemplando criterios de organización, seguridad y control.

Durante el tratamiento del proyecto, se destacó que la iniciativa fue trabajada en comisiones con la participación de los sectores involucrados, permitiendo incorporar aportes y adecuaciones surgidas del intercambio con los distintos rubros alcanzados por la norma.

En la misma sesión, los concejales aprobaron la creación del Régimen Especial, Excepcional y Transitorio de Regularización Edilicia, destinado a inmuebles que presentan irregularidades administrativas vinculadas a indicadores urbanísticos o a la falta de adecuación a los planos aprobados originalmente. El objetivo del régimen es facilitar la regularización y brindar mayor seguridad jurídica a los propietarios.

Asimismo, se avaló un proyecto que modifica la Ordenanza Nº 8.181, relacionado con la actualización de la unidad de compras municipales. La iniciativa apunta a optimizar los procedimientos de contratación del Estado local, manteniendo los mecanismos de control y transparencia en el uso de los recursos públicos.