Este miércoles 30 de abril en la Cámara de Diputados obtuvo dictamen de mayoría el proyecto que declara la situación de «emergencia en discapacidad» hasta fines de 2027.
Este tiene por objetivo provocar que el Gobierno suba los fondos destinados a los prestadores de servicios de salud, educación y transporte que utilizan las personas con discapacidad en todo el país. Y, también, busca frenar el recorte sobre las pensiones por invalidez laboral.
La abogada local, Carolina Coria, explicó a Mañanas Perfectas: «Yo creo que es el contexto, no solo en las obras sociales, sino que el marco legal que se le da está ya desde hace muchos años desactualizado.
De hecho, ahora hay un proyecto de ley que se está tratando para tratar de ajustar tanto el presupuesto que tiene que ver con el nomenclador y el pago a los profesionales, pero también tiene que ver con reivindicar derechos que son derechos humanos, más allá de que nos parece común o nosotros, que no somos personas con discapacidad, los tenemos como inherentes.
Las personas con discapacidad luchan día a día para reivindicar la dignidad que les corresponde y realmente, como dicen las chicas, es una situación muy angustiante para los profesionales, para las familias que también acompañan a las chicas, y para los niños y personas adultas, jóvenes con discapacidad, que al fin y al cabo son los destinatarios de todo esto».
Respecto a su rol, aclaró: «Nosotros somos solamente intermediarios y tiene que ver con bajar a tierra y alinear lo que es los derechos humanos, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es muy nombrada pero en la práctica no baja las leyes de nuestro país, pese a que tienen que adecuarse a toda esta normativa, lamentablemente, es una deuda.
Recurrir a un abogado es el último eslabón que tienen las familias, o somos los últimos a los que tienen que recurrir, lamentablemente, para que les den lo que legítimamente les corresponde, porque como dicen las chicas, por ahí las autorizaciones salen cuatro o cinco meses después, tenemos chicos que todavía no tienen autorización de prestaciones y ya estamos entrando en mayo, saquen sus propias conclusiones, porque es imposible no judicializar un reclamo cuando después de cinco meses una mamá o un papá tiene que justificar por qué su hijo necesita prestaciones, por qué necesita acompañamiento para asistir a la escuela, cuáles son las consecuencias que tiene si durante varios meses no recibe esas prestaciones».
En cuanto al proyecto de ley, dijo: «dependemos pura y exclusivamente de la burocracia, es así porque muchas veces demoran tiempos excesivos, y hasta el momento está en suspenso y toda esta movida tiene que ver con visibilizar.
Todos somos pasibles de ser una persona con discapacidad antes o después en el curso de la vida y creo que fomentar la participación y el compartir, la empatía, vincularse con lo que les está pasando a las chicas, a las familias, a las personas con discapacidad es fundamental».